Querer más luz

Todo empezó con la carta de Iberdrola… ¡No! En realidad, todo empezó con la carta de la vergüenza que Fátima Báñez (esa ministra del primer semestre del año) no se atrevió a firmar, y que afirmaba con sarcasmo que le resultaba placentero al Ministerio de Empleo y Seguridad Social aumentar las pensiones un 0.25% en 2018, aunque el IPC hubiera sido muy superior el año anterior. La carta dio gasolina al movimiento de los pensionistas, que provocó que en las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado subieran las pensiones con carácter retroactivo a 2018, y que tuvo evidente influencia en el estado de ánimo popular que alentó el voto de los partidos de la moción de censura para que, entre otros, Fátima Báñez dejara el trabajo. En el caso de mis padres, las cartas fueron dos e iguales. Ésta:

Pocas semanas después continuaban las grandes estructuras apretando las tuercas, y lo que llegaba era la carta de ‘Iberdrola Comercializador de Referencia’ informando que en octubre de 2017 habían entrado en vigor las nuevas condiciones de aplicación al bono social, y que antes del 10 de abril había que solicitar la aplicación del bono social bajo estas nuevas condiciones, o bien se perdía la condición de beneficiario del bono social que hasta ese momento se pudiera tener. La amable carta era esta:

Que incluía los requisitos necesarios para ser consumidor vulnerable. Estos:

Al consumidor vulnerable al que se le envía esta documentación no se le envía el modelo de solicitud necesario, sino que debe pedirlo. Por teléfono, yendo a un punto de atención, por correo electrónico, por correo postal, o en la web, en este link. Una vez obtenido el modelo de solicitud (si es que el consumidor vulnerable a estas alturas sigue entendiendo algo), el potencial solicitante podrá ver la documentación añadida que debe aportar. Esta:

Podría parecer que ya está todo lo necesario, aunque aún faltaba una cosilla que aparecerá más tarde. Pero sigamos mejor la cronología. Mis padres, que apenas entienden ya procesos más o menos complejos, que no pueden ir al médico solos, y a los que cuesta mucho mover de casa para casi nada, no digamos hacer cualquier gestión, disponen de bono social desde hace tiempo. Ambos cotizaron como autónomos y tienen sus pensiones mínimas; desconozco cómo fue esta solicitud de bono social hace años y si mi padre fue capaz de hacerla. En su día tenía un gestor que le solucionaba documentación, y tal vez acudió a él. Ahora no lo recuerda. El bono social les permite ahorrarse el 25% del coste de consumo de la factura de cada mes, suele ser entre 6 y 7 € mensuales. Obviamente, toda esta parafernalia apabullante de documentación necesaria ya es pesada para cualquier persona capaz, pero para una persona vulnerable es un mundo. ¿Por qué alguien es vulnerable? En muchos casos, precisamente por no poder hacerse cargo de cosas así. Sin duda todo está pensado para disuadir a potenciales solicitantes incapaces de afrontar el proceso por falta de apoyo, y sin duda el proceso es cruel y, en muchas de sus fases, probablemente innecesario. Expliquemos el proceso para saber por qué queremos a las compañías eléctricas como las queremos:

1.- parte de la documentación fue fácil: las copias de los DNI de mis padres y las dos cartas de la Seguridad Social que el Ministerio les había enviado y que servían para demostrar que ambos eran pensionistas con la cuantía mínima vigente para su tipo de pensión. Con pasar por casa y recoger y fotocopiar bastaba. También tuve que llevarme los DNI originales al Ayuntamiento de Bilbao, probablemente la organización más amable de todas las que he pisado en el proceso, donde expidieron los certificados de empadronamiento tras comprobar mi propio DNI, claro.

2.- el libro de familia ya se complicó más: mis padres no recordaban dónde estaba, y aunque hice una búsqueda intensa en casa, no pude encontrarlo. Meses más tarde he buscado otras cosas, y el libro no ha aparecido ni casualmente. Hubo que hablar con el Registro Civil, donde me dijeron que la Hoja individual del Registro Civil que se menciona en el listado de documentos de Iberdrola no existe, pero que podía solicitar un duplicado del libro de familia. Sin embargo, para eso hace falta que la persona titular vaya al Registro Civil. Si no puede desplazarse, es necesario un certificado del médico de cabecera indicando la incapacidad de la persona para realizar dicho trámite. Es importante que el certificado tenga una fecha reciente, advierten. Afortunadamente, el médico de cabecera de mis padres, que les visita en casa si es necesario, aportó los certificados sin necesidad de que bajaran a consulta.

Los certificados médicos, los DNI originales de mis padres y mi propio DNI sirvieron para que el Registro Civil expidiera el documento. La siguiente foto desató rumores sobre una posible boda secreta. Pero no, todo era más prosaico, aunque yo sí aparezca en el libro.

3.- Habían sido ya tres días de gestiones (ayuntamiento, médico, registro civil). El cuarto debía ser el definitivo, al llevar la documentación a Iberdrola. La solicitud de bono social firmada en dos sitios por mis padres. Todo lo conseguido en los puntos anteriores. Como era de imaginar, las oficinas de Iberdrola eran pocas, con poca gente, y estaban saturadas con los múltiples solicitantes del trámite en sus diferentes fases. En la oficina de Bilbao que más me convenía llevé alegremente mis papeles, esperé mi hora de cola y al entregar me dijeron que me faltaba una cosa: un certificado de que mis padres no tenían otros ingresos por cualquier motivo. Por ejemplo, su declaración de la renta. Al no estar obligados a hacerla por tener pensiones mínimas, este documento no existe. Pero entonces bastaba con que Hacienda expidiera un certificado de no presentación de la declaración de la renta. La oficina de Iberdrola estaba milagrosamente cerca de la oficina de Hacienda donde podían hacerlo, cerraban en veinte minutos, ¡había una ventana de oportunidad! ¡Podía en efecto terminar el trámite ese día!

4.- Pero en Hacienda no bastaba con las copias de los DNI. No habría bastado con los originales tampoco. No sirvieron tampoco los certificados de los médicos, que llevaba conmigo. Era necesario que las personas vulnerables se presentaran en Hacienda para pedir el certificado. En este caso incluso parecían no querer informar: fue necesario rogar para que me aportaran un formulario existente para poder ejercer la sustitución de un titular para la petición de un documento informativo. Me dieron los dos formularios que mis padres firmaron en casa (un quinto día) y luego llevé a Hacienda (un sexto día), donde al menos al momento expidieron los certificados de no presentación de la declaración de la renta al momento. Éste:

Pude hacer fotocopias e ir directamente a Iberdrola. La documentación estaba completa, ¡la documentación era adecuada! ¡Los ángeles cantaban alegres en el cielo de Galán! Era 21 de marzo. Aquí el justificante de presentación:

Sólo tocaba esperar, con la paciencia del que ve pasar los años con el autoconsumo de energía penalizado. Semanas después se recibió una carta fechada el 6 de abril. El resultado era positivo, y el bono social les seguía siendo de aplicación:

Pero a estas alturas ya no me quedaban ni fuerzas para celebrarlo. Ni siquiera para encender la luz, la verdad. Confiar a grandes corporaciones la gestión de solicitudes sociales que afectan a su facturación es demasiado tramposo hacia el consumidor necesitado, no digamos ya vulnerable. El agotador proceso debe repetirse a los dos años, y una vez vivido resulta difícil imaginar que deba repetirse en tan poco tiempo. Obviamente comprendo que existen la picaresca y el fraude, y entiendo el prurito por el control de los datos personales, pero la suma de peticiones públicas y privadas para completar documentación en ocasiones básica, multiplicadas por las dificultades de las dos personas vulnerables afectadas para hacer gestiones, es inevitablemente sufrida y por ello sojuzgada como una barrera continua y un deseo empresarial de impedir que las personas ejerzan sus derechos reconocidos. La exigencia de presencia física para la gestión y la obligación múltiple de comprobación de firma revela además el escaso aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el servicio a personas vulnerables o cercanas a la discapacidad. El sistema, como decía antes, es cruel. Pero eso, por supuesto, no significa que nadie se responsabilice, pues su crueldad, amparada por grandes instituciones y empresas, es también anónima.